La criminalidad y la inseguridad representan hoy fenómenos clave para la vida de los ciudadanos y ciudadanas que tocan todos los niveles de la sociedad. Las casas están enrejadas y los ciudadanos y ciudadanas sienten temor. Hay un sentimiento de inseguridad fruto de una desconfianza generalizada en la capacidad del Estado para cumplir su función este terreno.
Nadie merece vivir con temor al crimen, a las pandillas callejeras, a los robos, atracos, tampoco a las balas perdidas y a las ejecuciones extrajudiciales.

Hoy en día la Policía Nacional ha perdido la confianza de los ciudadanos que están cada día expuestos al abuso y a la extorsión de sus agentes, muchas veces cómplices de los mismos delincuentes. Se necesita acercar la Policía a los ciudadanos.

La corrupción y la inseguridad están estrechamente asociadas: la primera genera la segunda.

El irrespeto, la violencia y la corrupción nos arropan en todas sus vertientes y son el reflejo de la pérdida de valores que carcome la sociedad.

Las causas de la delincuencia son de carácter estructural y provienen de la desigualdad que impera en nuestro país.

No se puede separar la inseguridad de la violencia machista, de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género.

Una sociedad sin educación y sin valores es una sociedad fácil de corromper.

Concibo la seguridad desde una perspectiva integral. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben disfrutar de seguridad física, jurídica, social y alimentaria y nutricional.

Enviar señales claras desde la Presidencia de la República de la voluntad inquebrantable de enfrentar el crimen y el delito de manera decidida.
Desarrollar un enfoque integral de la seguridad ciudadana e impulsar una cultura de respeto a las leyes y a las instituciones.

Llevar a cabo una lucha frontal contra la corrupción en todos los estamentos de la sociedad.

Promover coaliciones para trabajar con los jóvenes en riesgo entre el Estado, los ayuntamientos, los organismos judiciales, la Policía, el sector privado, las organizaciones religiosas, las ONG’s y las fundaciones que trabajan en los sectores marginados y otros actores sociales.

Regular la tenencia de armas de fuego.

Trabajar con los medios de comunicación social para sensibilizar y construir con los comunicadores sociales una perspectiva global sobre causas y efectos de la violencia en la sociedad.

Dedicar el 4 por ciento y más para la educación haciendo énfasis en la educación integral y en la concientización del papel de los padres.

Sacar los jóvenes de las calles y abrir centros deportivos, clubes, asociaciones que brinden un sano esparcimiento y apoyar los centros existentes que desarrollen acciones efectivas.

Generar nuevas fuentes de empleo e integrar a la población activa a aquellos que hoy no tienen la oportunidad de generar ingresos; incrementar los salarios mínimos, brindar oportunidades a todos los sectores y de manera particular a la juventud.

Reformar la institución policial. Una institución corrupta no puede acabar con la delincuencia. Hay que mejorar la realidad y la imagen de la Policía Nacional en todos sus niveles.

Aumentar los salarios e de los integrantes de la Policía nacional y ampliar los beneficios sociales de sus familiares. Capacitar, entrenar en el uso de las armas, formar en educación cívica. Monitorear el desempeño de los agentes. Reforzar las sanciones e incluir el cumplimiento de trabajos comunitarios y la pérdida parcial o definitiva de todos los beneficios otorgados en caso de no cumplimiento.

La Seguridad social es parte esencial de la política social de un Estado a fin de favorecer la inclusión y la participación social, reducir la incertidumbre y la inseguridad colectiva garantizando mejores niveles de vida, contribuyendo al desarrollo humano de sus ciudadanos.

La ley No. 87-01 creó el Sistema Dominicano de Seguridad social. Fue el resultado de acuerdos; se caracteriza por una arquitectura compleja y por combinar diferentes visiones del desarrollo. Este sistema, a pesar de sus limitaciones, supera con creces el sistema anterior.

El sistema ha tenido notables avances y logros: a nivel institucional, en materia de normativa; se han creado y fortalecido las instituciones del sistema; se han ampliado los servicios en cuanto a número de beneficiarios y a las prestaciones en el Seguro Familiar de Salud.

Asumir los grandes retos del sistema para transformarlos en oportunidades.

Ampliar la cobertura y asegurar la elevación de la calidad de los servicios de salud.

Transformar el modelo de desarrollo dentro del cual la República Dominicana se ha venido desenvolviendo, a fin de asegurar la viabilidad del Sistema de Seguridad Social.

Eliminar las prácticas violatorias de evasión y de elusión de parte de empresas privadas y de instituciones públicas autónomas y descentralizadas, así como municipalidades.

Superar el actual modelo de atención, reestructurando los servicios por ciclos de vida y orientando los mayores esfuerzos a la promoción y prevención.

Establecer el monotributo o tributo único para ampliar la cobertura de la seguridad social a más de 4 millones de trabajadores del sector informal que no son beneficiados actualmente.

Acelerar el proceso de conformación de la red única de provisión de servicios públicos de salud con la integración de los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de Instituto Dominicano de Seguridad Social.

Asegurar la inclusión de las y los trabajadores móviles, agrícolas, domésticos, así como otros grupos hoy excluidos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Superar el subregistro de los accidentes laborales para que el Seguro de Riesgos Laborales beneficie de manera efectiva a todos los trabajadores.

Elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones y ampliar la posibilidad que éstos sean utilizados en áreas de desarrollo social, en beneficio de los afiliados.

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Uno de los efectos más perniciosos de la actual crisis global del capitalismo es el crecimiento de la pobreza y del hambre.

En un país cuya población en estado de pobreza supera más de la tercera parte del total, la seguridad alimentaria es asunto estratégico y prioridad del Estado. Asegurar los alimentos básicos a la población empobrecida es un tema de primer orden y conecta con la generación de empleos en los sectores agrícola e industrial.

República Dominicana necesita producir la mayor cantidad de los alimentos que consume, hacerlo con calidad y a precios asequibles. Cuando hablamos de salud pública estamos hablando también de alimentación sana y suficiente para toda la ciudadanía.

Desarrollar un nuevo modelo de producción agropecuaria fundamentado en el apoyo a los productores nacionales, apoyándolos tecnológica, financiera y comercialmente, estableciendo reglas claras para la explotación de la tierra y la producción agropecuaria, y tomando medidas en el comercio interior y exterior.

Estas medidas tienen la finalidad de que se consuma lo que el país produce y se exporten los excedentes, pero sobre la base de asegurar la alimentación de toda la población.

La lucha contra el hambre es un compromiso ético con enfoque multisectorial. Para lograr su consecución se propiciarán compromisos concretos que involucren al Ejecutivo, el Congreso, las alcaldías, y la Sociedad Civil.

Impulsar una política para implementar un modelo económico en el que la soberanía alimentaria sea la plataforma rural de desarrollo como forma para superar la pobreza existente en el campo y frenar el éxodo de la población hacia las ciudades.

Establecer por ley el apoyo a la producción nacional: las instituciones del Estado Dominicano deberán adquirir bienes y/o servicios de origen y producción nacional, cuando los recursos o fondos utilizados procedan de la Ley de Presupuesto General del Estado o de préstamos contratados por el sector público.

Instaurar una política de articulación de la estructura productiva que promueva y privilegie a las organizaciones de los pequeños y pequeñas productoras rurales, las cooperativas, las empresas asociativas y las redes de la economía social y solidaria, para lo cual es preciso que los hombres y mujeres del campo accedan a terrenos en calidad y cantidad suficientes para el sustento de las familias desde un enfoque de desarrollo humano.

Establecer el Impuesto a la propiedad sobre tierras ociosas.

Ejecutar una política de titularización que garantice la seguridad jurídica a los productores agropecuarios, partiendo de los parceleros de la Reforma Agraria.

Transformar el sistema de crédito agropecuario reformando y estableciendo las instituciones y mecanismos requeridos para asegurar un crédito oportuno y suficiente a los productores con una perspectiva de largo plazo.

Desarrollar la infraestructura técnica en comunicación y física, así como la investigación y desarrollo requeridos, a fin de garantizar una producción sostenible, al mismo tiempo que se asegure la elevación de los niveles de productividad en el sector.

Crear agroindustrias cooperativas y familiares para el procesamiento de productos agropecuarios: agrícolas, ganaderos, pesqueros, piscícolas, forestales, plantas medicinales, artesanales y otros.

Realizar la reforma institucional del Sector Agropecuario, asegurando la coordinación y la participación activa de los actores públicos y privados, eliminando la politiquería y el amiguismo.